Opinión: El clero, rebelde como siempre…

jueves, 1 de septiembre de 2016



Guillermo Gazanini Espinoza

Los curas eran enemigos de la Revolución, contrarios a la reforma agraria y reaccionarios al gobierno.

En la memoria legislativa de México se conservan muchísimas anécdotas del Informe presidencial todavía recordado como sacratísima fecha del santoral laico, día del presidente, besamanos obligado, salutación del gabinete “legal y ampliado” ante la sumisión cómplice y deferencial del Congreso general controlado por el Partido del primer magistrado. La alternancia acabó con eso y ahora sólo hay discreto envío de cajas y tomos, la foto obligada y el cumplimiento del mandato para desglosar un Informe sin informante, comparecencias largas y a veces inútiles, mejor en comisiones para no distraer las obligaciones del Pleno.

Hace 90 años, el 1 de septiembre de 1926, Plutarco Elías Calles rindió el segundo informe de gobierno ante la flamante XXXII Legislatura del Congreso de la Unión. El Informe de Calles es singular por situarse al inicio del conflicto religioso de 1926 cuando, entre acercamientos y desentendidos, se pretendían los arreglos. Después de la suspensión de cultos del 31 de julio, los obispos de México, a través de intermediarios, concertaron una entrevista con el Presidente de la República en el Castillo de Chapultepec. El 21 de agosto, Mons. Pascual Díaz, obispo de Tabasco  y Mons. Leopoldo Ruiz Flores, Arzobispo de Michoacán, intentaron la mejor componenda del conflicto sin resultados certeros. La extensa entrevista, publicada por Relaciones No 31, revista trimestral de El Colegio de Michoacán, dio cuenta de largos argumentos traducidos en oportunidades perdidas para distender el conflicto que se agudizaba, la de los obispos era como la voz que clamaba en el desierto.

Por un lado, el ánimo dispuesto y patriotismo de los prelados como se deja ver en el discurso inicial de Mons. Pascual Díaz: “Mucho agradecemos a usted Sr. Presidente, que se haya dignado recibirnos; para nosotros esta entrevista tiene una gran trascendencia, porque esperamos de ella magníficos resultados; muchos deseos teníamos de hablar con toda libertad con usted. Queremos que se borre de su ánimo ese prejuicio que tiene de que los Obispos hemos tratado de obstruccionar la labor del Gobierno”.

Por otro, el prejuicio y cerrazón de Calles quien habló “de manera franca” a los obispos diciendo: “… El clero en México no ha evolucionado; la mentalidad de nuestros sacerdotes es muy baja; no se han dado cuenta del movimiento de evolución que se está operando, y no solamente no han entrado en ese movimiento, sino que tratan de obstruccionarlo y naturalmente que tienen que ser arrollados. Esa es la verdad. Ustedes están perdiendo terreno a grandes pasos entre sus fieles, porque en el movimiento obrero que se está desarrollando los sacerdotes católicos se han puesto abiertamente del lado de los opresores del trabajador”.

El problema central radicó en el registro de sacerdotes ordenada por la Ley Calles; la entrevista naufragó y el Presidente ordenó a los obispos recurrir a las Cámaras para revertir los preceptos constitucionales y legislación secundaria. En La Cristiada, Jean Meyer observa que la entrevista “fue particularmente tormentosa y el presidente dio pruebas de nerviosismo y de escasa sangre fría”. Los curas eran enemigos de la Revolución, contrarios a la reforma agraria y reaccionarios al gobierno. Los obispos darían cauce a la exigencia de Calles y la petición legislativa formal ocurrió cuando el 7 de septiembre los prelados presentaron una iniciativa en calidad de ciudadanos.

Al inicio de las sesiones de la XXXII Legislatura, Calles rindió su Informe dando la línea que debería seguir  el Congreso frente al conflicto y, eventualmente, ante la resolución del famoso Memorial de los Obispos fundado en el artículo 8o de la Constitución.

Aquel 1 de septiembre, el Presidente que llegó al poder en diciembre de 1924 postulado por el Partido Laborista Mexicano, compareció por segunda vez ante el H. Congreso de la Unión. Presidía la Gran Comisión un hombre cercano al Presidente, militar y desde muy joven diputado federal, cargo que ocupó cuatro veces; después, gobernador de San Luis Potosí, era Gonzalo N. Santos, el autor de aquel dicho, “La moral es un árbol que da moras o sirve para pura chingada”.

187 diputados y 46 senadores escucharon lo que, a juicio de Calles, fue un informe breve y compendiado que hizo loas al clima paz preconizado por el Ejecutivo sólo empañado por conflictos mínimos de rápida solución. En el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del miércoles 1 de septiembre de 1926, se lee el discurso triunfal de Calles refiriendo a que  “… La paz en todo país ha sido efectiva, salvo pequeños trastornos que puedan calificarse de significantes, y hay fundadas esperanzas de que, mediante el otorgamiento de planas garantías, la estricta aplicación de las leyes, una eficaz administración de justicia y la compenetración de sus deberes por parte de todas las autoridades, tanto federales como locales, esa paz llegará, no muy tarde, a ser orgánica, como es el firme propósito del Gobierno, para satisfacer el justo anhelo de todos los que formamos la familia mexicana”.

Familia mexicana que tenía un enemigo: el clero. El conflicto venía acentuándose por el decreto del Ejecutivo del 2 de julio reformando el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y delitos contra la Federación en materia de culto religioso y disciplina externa agudizado por el desconocimiento de la Constitución por las declaraciones del Arzobispo de México, Dr José Mora y del Río, hechas públicas en el diario El Universal del 4 de febrero de 1926: “El Episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3o, 5o, 27 y 130 de la Constitución vigente”.

El segundo Informe de Calles dedicó unos veintitrés párrafos a lo que llamó el problema religioso. Desde luego, las líneas iniciales intentaron disminuir la cuestión enfatizando que “el artículo 130 de la Constitución y las leyes de Reforma, en verdad tenían el aspecto de simple declaración de principio, sin sanciones ni expresión de medidas coercitivas”.

El tono fue subiendo. Ante la oposición, el Presidente de la República no dudó en calificar las acciones subversivas para ser reprimidas por ser actos antisociales y antijurídicos. Calles urgió al Congreso en hacer cumplir las disposiciones constitucionales y acabar con la desobediencia por “la situación creada por el clero que, rebelde como siempre a las instituciones de la República y queriendo aprovechar un momento que creyó propicio a sus fines, declaró que desconocía la Constitución y las leyes emanadas de ella que reglamenten el ejercicio de cultos”.

De esta forma, ante diputados y senadores, el Ejecutivo expuso las  duras medidas ante tal insubordinación. Se lee en el Informe:

“Para complemento de la legislación en la materia, próximamente serán sometidos a la consideración de las HH. Cámaras los proyectos formulados en la Secretaría de Gobernación, de Ley Orgánica del Artículo 130 Constitucional, y de la que fija el número máximo de ministros de cultos en el Distrito de Territorios federales.

Por violaciones al artículo 27 fueron clausurados cuarenta y dos templos en todo el país, así como también las capillas en los asilos de Beneficencia Privada, que estaban abiertas al culto público sin haber cumplido los requisitos de la ley, suprimiéndose, además toda intervención de religiosos u órdenes religiosas en general en las instituciones de Beneficencia.

Igualmente, de conformidad con lo prevenido sobre el particular por la Constitución general de la República, fueron cerrados sesenta y tres conventos, ubicados cuarenta y tres en el Distrito Federal y el resto en diferentes Estados de la República.

Atento a lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 130 de la Constitución, se obligó a los sacerdotes extranjeros a no ejercer el culto, habiendo abandonado el territorio nacional 185 de ellos, que fueron considerados como extranjeros perniciosos.

Fueron clausurados también, en cumplimiento a lo prevenido en los artículos 27 y 130 de la Carta Magna, siete centros de difusión religiosa, que se amparaban con las denominaciones de recreativas, culturales o de enseñanza social, por tener oratorios anexos, donde se verificaban, sin el permiso correspondiente, actos de culto”.


La suerte estaba echada. La última jugada de los obispos sería el Memorial. Pronto los alzamientos se irían multiplicando pasando por la radicalización de la legislación para limitar el número de sacerdotes. Calles concluiría su Informe de esta manera: “La tarea que ha comprendido el Ejecutivo federal quizá no sea obra ni bien comprendida ni debidamente estimada; pero el que tiene la honra de hablaros, entiende que el gobernante consciente de su deber no puede detenerse ante esa consideración, y estima que ante los intereses espirituales del futuro no importa sacrificar algunos de los intereses materiales del presente”.  Y el sacrificio fue mucho. México se sumergió en otra lucha que desangró al país. Para el Jefe Máximo, “La religión era un asunto inmoral que era preciso reglamentar como la cirugía dental”. (La Cristiada, Tomo II, p. 295).

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

 
El Normativo Noticias © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum